Dirigentes gremiales afirman que el cierre indefinido de la planta de Minerva Foods es muestra de los retos que hay para atraer inversión, como el control sanitario y la seguridad jurídica
En junio del año pasado, por primera vez desde 2009, en Colombia apareció la fiebre aftosa, una enfermedad que afecta el ganado bovino, entre otros animales que tienen la pezuña hendida. El brote hizo que el país perdiera su estatus sanitario, fundamental para poder exportar. La situación, a partir de la información que daban el Gobierno y las autoridades sanitarias, parecía relativamente resuelta en diciembre, cuando se recuperó ese estatus para todo el país, salvo una zona de contención en Boyacá, Cundinamarca, Arauca y Casanare.
La semana pasada, sin embargo, coincidieron dos hechos que volvieron a turbar el panorama. Por un lado, en Arauca se encontraron 15 animales enfermos (que fueron sacrificados), procedentes de Venezuela, según las autoridades. Por otro, Minerva Foods, una multinacional brasileña presente en Colombia desde 2015, titular de cerca del 80 % de las exportaciones de carne bovina que salen de nuestro país y con casi 700 empleados, anunció el cierre indefinido de su planta en Córdoba.
Entre las razones, por supuesto, estaban los efectos del brote de aftosa: tres mercados cerrados por seis meses (de cinco países a los que exportaban) y hasta contenedores devueltos. Aún hoy, la carne colombiana no ha podido volver a Chile, “estratégico” para Minerva, ni tampoco a Perú. Pero había más: cortes de energía eléctrica, fallas en el suministro de agua y vías de acceso precarias, una lista de costos que se sumó a fenómenos como la revaluación de la tasa de cambio, un factor adverso para los exportadores.
La noticia del cierre tomó por sorpresa incluso al ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, y las reacciones no se hicieron esperar. El gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Luis Humberto Martínez, no tardó en anunciar que: “junto con el ministro y directivos de Minerva Foods analizaremos la situación y evaluaremos las distintas alternativas para enfrentar las motivaciones de infraestructura no disponible que afronta la empresa a fin de evitar que cierre definitivamente sus operaciones en el país”.
¿Qué significa para el sector ganadero y para la industria?
Minerva, comprador de cerca de 400 productores, asegura haber invertido cerca de $135.000 millones desde su llegada al país. La planta, ubicada en Ciénaga de Oro, pasó de tener una capacidad para 250 animales diarios a 700. Así lo afirmó José Amaral, gerente para Colombia de la multinacional, en entrevista con este diario en diciembre pasado. En ese momento, al tiempo que celebraba la llegada de carne colombiana a Emiratos Árabes, también contaba que la empresa había tenido que recortar 15 % de los puestos de trabajo a causa de la aftosa.
También que, por la misma razón, la producción que se iba para exportación pasó de casi 65 % a más o menos 50 %. Es decir, tuvo que buscar salida en el mercado interno. “Sin mercado externo ellos podrían entrar en el mercado interno como lo han intentado hacer, pero compiten con una informalidad que no les permite jugar como lo hacen en Uruguay, Paraguay o Brasil, es decir, con reglas estables”, opinó José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. Se refiere a los constantes aplazamientos de la aplicación de la norma sanitaria del Decreto 1500 de 2007. Según cifras que tiene Fedegán sólo 1,2 millones de cabezas, de cuatro millones que se sacrifican al año, vienen del sector formal. (Lea más sobre el Decreto 1500: Por modernización de mataderos, precios de las carnes podrían seguir subiendo).
Para Andrés Valencia, presidente del gremio de avicultores Fenavi, el anuncio del cierre es muestra de lo “difícil que es hacer empresa en Colombia”, de la necesidad de aumentar los controles en las fronteras “porosas”, como la de Venezuela, así como de fortalecer la autoridad sanitaria. “De cara a otros mercados, en otros productos, la situación genera incertidumbre: (los avicultores) no hemos podido erradicar la enfermedad de Newcastle”, enfermedad presente en el país desde hace 60 años y que a este sector le impide exportar.
Según Valencia, “hay que responsabilizar al Gobierno, porque es el que irriga con recursos al ICA”. Después de un recorte presupuestal de casi 20 % entre 2015 y 2016, los recursos del ICA volvieron a aumentar en los últimos años, hasta los $335.680 millones para 2018. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, por su parte, señaló la responsabilidad que, además de las autoridades, también tienen los productores, en cuanto a vacunación, prevención del contrabando, entre otros.
¿Qué viene ahora?
Esta semana, representantes del Gobierno hablaron con los directivos de Minerva en Colombia, con el objetivo de evitar el cierre definitivo de la planta. Una de las conclusiones fue que en los próximos días el Gobierno entregará una comunicación con hechos y plazos para empezar a atajar las dificultades que Minerva señaló en su comunicado, siempre que dentro del marco legal y jurídico sean compromisos que se puedan cumplir, dijo la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez.
La funcionaria agregó que es necesario sumar a la discusión a la Gobernación de Córdoba, en la que recaen asuntos como el acceso a servicios públicos. Según el ministro de Agricultura, otro de los compromisos es saldar deudas que hay con el fondo de estabilización de precios, por $9.000 millones. Uno de los desembolsos se hará la próxima semana, mientras que para otro es necesario obtener un concepto jurídico. Sobre la reapertura del mercado chileno, Zuluaga contó que habrá una visita técnica en mayo próximo para evaluar los avances.
Ambos jefes de cartera expresaron que la operación de Minerva y el sector ganadero son una prioridad, entre otras cosas, por su potencial exportador. Según fuentes cercanas a la discusión, Minerva estaría dispuesta a retomar sus operaciones y el anuncio oficial se haría en los próximos días.-
